Educación

Cuentas ‘curis’: Educación envía a los centros de Aragón un protocolo común para actuar

El Departamento de Educación, Ciencia y Universidades ha remitido este jueves a todos los colegios e institutos de Aragón unas instrucciones para responder ante perfiles en redes sociales que ridiculizan o acosan a alumnado y profesorado.

Las llamadas cuentas ‘curis’ han aparecido en las últimas semanas vinculadas a varios centros educativos de Aragón. Hasta ahora, cada centro las estaba abordando caso por caso. Con este protocolo, el Gobierno de Aragón busca que todos respondan de la misma forma, con agilidad y desde el primer momento en que tengan conocimiento de una de estas cuentas.

El Departamento asegura que tomará todas las medidas que permita la legislación vigente para proteger a los centros, al profesorado, al personal y a los menores afectados. Además, hace un llamamiento a las familias para que denuncien cualquier vulneración de los derechos de sus hijos e hijas, con el fin de desincentivar que se sigan abriendo y difundiendo este tipo de cuentas anónimas.

Qué son las cuentas ‘curis’

Son perfiles anónimos en redes sociales, sobre todo en plataformas como TikTok o Instagram, que se utilizan para ridiculizar, desacreditar, humillar u hostigar a alumnos, alumnas y docentes de un centro concreto.

El protocolo se aplica siempre que haya una vinculación entre la cuenta y un centro educativo. Por ejemplo, cuando el perfil usa el nombre del colegio o instituto, sus siglas o sus imágenes, o cuando se refiere directamente a miembros de su comunidad educativa.

Desde el Gobierno de Aragón recuerdan que este tipo de publicaciones afectan de forma directa al bienestar emocional de las personas señaladas y deterioran el clima de convivencia en los centros.

Las seis medidas del protocolo

Las instrucciones, coordinadas por la Secretaría General Técnica y la DIE, recogen seis pasos para los centros:

Recoger y guardar las pruebas. La dirección del centro recopila nombres de usuario, enlaces y capturas de pantalla con fecha y perfil de origen. Esa información se custodia con acceso restringido para no contribuir a su difusión.
Avisar de inmediato a Educación. Los hechos se comunican con carácter urgente al Gabinete del Departamento y a la Inspección de Educación del Servicio Provincial correspondiente (Huesca, Teruel o Zaragoza).
Trasladarlo a la Policía Nacional o a la Guardia Civil. Además, el centro informa a las familias del alumnado afectado de su derecho a presentar denuncias individuales.
Denunciar el perfil ante la propia red social. El centro solicita a plataformas como Instagram o TikTok la retirada de la cuenta por acoso, hostigamiento o vulneración de la privacidad.
Informar y acompañar a las familias. Se contacta de forma individual y discreta con las familias de los menores afectados y se activan las medidas de apoyo y protección necesarias para garantizar su integridad física y psicológica.
Otras vías de protección. Cuando proceda, los centros pueden valorar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos.

Qué pueden hacer las familias

Si vuestro hijo o hija aparece señalado en una de estas cuentas, el primer paso es comunicarlo al centro, que es quien activa el protocolo. Podéis, además, presentar una denuncia individual ante la Policía Nacional o la Guardia Civil, un derecho del que el propio centro debe informaros.

También merece la pena hablar en casa sobre estas cuentas, tanto si nuestros hijos e hijas pueden ser objetivo como si las ven circular entre sus compañeros. Algunas pautas sencillas:

No seguir, compartir ni comentar estos perfiles, porque cada interacción les da más alcance.
No reenviar capturas por grupos de mensajería. El protocolo insiste en custodiar las pruebas con acceso restringido precisamente para evitar una mayor difusión.
Si ya existen pruebas, guardarlas con fecha y nombre del perfil y entregárselas al centro.
Recordarles que detrás de cada meme hay una persona real, sea compañero o docente.

Con estas instrucciones, Educación respalda a los equipos directivos y busca proteger los derechos de toda la comunidad educativa, en especial los de los menores de edad.

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