La Justicia de Aragón, Concepción Gimeno Gracia, ha presentado ante las Cortes de Aragón su Informe anual sobre Infancia y Adolescencia 2025, un documento de casi 350 páginas que radiografía cómo viven los niños, niñas y adolescentes de nuestra comunidad. Os resumimos lo más importante: los datos de población y pobreza infantil, las quejas que más se repiten en educación y sanidad, y lo que cuentan los propios menores que viven en centros de acogida.
Cada vez menos niños en Aragón
El dato más contundente del informe es demográfico. En Aragón viven 217.821 menores de 18 años, una cifra que baja año tras año (eran 218.230 en 2024 y 219.498 en 2023). Los menores representan aproximadamente el 16% de la población aragonesa, y la base de la pirámide se estrecha: por sexto año consecutivo hay menos de 10.000 bebés menores de un año en toda la comunidad (8.648 en 2025).
La tasa de natalidad sigue cayendo: 6,33 nacimientos por cada mil habitantes, por debajo de la media española (6,49) y de la cifra aragonesa del año anterior (6,44). Para ponerlo en perspectiva, en 2007 nacían en Aragón casi 13.000 niños al año; hoy la cifra ronda los 8.700, una caída superior al 32% en menos de dos décadas.
El informe también constata el fuerte desequilibrio territorial: la provincia de Zaragoza concentra 160.527 menores, frente a los 36.265 de Huesca y los 21.029 de Teruel. Solo la Comarca Central suma 129.236, mientras que comarcas como Campo de Belchite o Aranda no llegan a los 600 menores en todo su territorio. El Justicia advierte de que esta desigualdad puede condicionar el acceso a servicios básicos según dónde se viva.
Otro dato relevante: el 16,9% de los menores aragoneses es de origen extranjero, un porcentaje que sigue creciendo y que supera al de la población extranjera general (14,8%).
Pobreza infantil: mejora, pero uno de cada cinco menores sigue en riesgo
Hay una buena noticia con matices. La tasa de pobreza infantil ha bajado de forma notable: el 19,48% de los menores aragoneses vive por debajo del umbral de pobreza de la comunidad (situado en 13.601,86 euros anuales), frente al 25,08% del año anterior. La mejora se confirma también con los otros dos indicadores que maneja el informe, la tasa AROPE y el Objetivo Europa 2030.
Pero se pide no bajar la guardia: en Aragón siguen existiendo en torno a 43.000 menores en riesgo de pobreza o exclusión social, uno de cada cinco. Y más allá de las cifras oficiales, el informe describe a muchas familias que «van tirando»: el 36,3% de los menores vive en hogares que no pueden afrontar un gasto imprevisto, y el 26% no puede permitirse una semana de vacaciones al año. Además, las tasas de pobreza son sistemáticamente más altas en los hogares con niños dependientes.
Las quejas de las familias: educación, sanidad y conflictos familiares
Durante 2025 el Justicia tramitó 83 expedientes específicos del área de menores (de un total de 2.135 en toda la institución, cifra récord), la mayoría promovidos por progenitores y familia extensa. Las materias más frecuentes:
En educación, aunque han bajado las quejas por falta de auxiliares de educación especial, aumentan las relacionadas con la atención al alumnado con necesidades educativas especiales: recursos materiales, vacantes de escolarización, transporte escolar y atención educativa. También se han recibido reclamaciones por la gestión del acoso escolar, y el Justicia ha pedido que los protocolos se activen cuanto antes y que los cambios de centro se faciliten en cualquier momento del curso. Otra cuestión de plena actualidad: ante la preocupación de familias por la obligatoriedad de dispositivos digitales en algunos centros, el Justicia sugirió a la Administración estudiar el impacto de las pantallas en el alumnado y regularlo si procede.
En sanidad, las quejas se centran en la falta de pediatras en determinadas zonas (con especial incidencia en el Centro de Salud Teruel Centro), el acompañamiento familiar de los menores en quirófano y, sobre todo, la insuficiencia de recursos de salud mental infanto-juvenil, señalada como el gran déficit estructural del sistema.
En servicios sociales, destacan los conflictos familiares (a menudo con procesos judiciales de por medio), los títulos de familia monoparental, los puntos de encuentro familiar, la atención temprana y el acogimiento familiar, que el informe define como «un tesoro social» que merece más apoyo de la Administración.
Qué pasa en los centros de acogida (y qué piden los propios niños)
Los asesores del Justicia visitaron los 27 recursos residenciales de menores de Aragón. La valoración general es positiva en habitabilidad, escolarización, atención sanitaria y trabajo educativo, pero se detectan problemas comunes: gran rotación de educadores sociales (agravada porque la Universidad de Zaragoza no ofrece el grado de Educación Social), escasez de recursos de salud mental, pocas alternativas de ocio en los centros alejados de las capitales y episodios puntuales de sobreocupación que han obligado a soluciones improvisadas.
Una de las partes más valiosas del informe recoge las conversaciones directas con los niños, niñas y adolescentes acogidos. Sus peticiones son muy reconocibles para cualquier familia: más horas de móvil y wifi, más dinero de bolsillo y más tiempo de ocio. Pero también piden cosas de fondo: estabilidad en sus coordinadores de caso, referentes adultos que no cambien constantemente y más atención psicológica. El informe subraya que los propios menores son plenamente conscientes de la importancia de la salud mental y reclaman esos recursos.
Las recomendaciones de la Justicia de Aragón
El informe, firmado por la Justicia de Aragón, Concepción Gimeno Gracia, cierra con una batería de sugerencias a las administraciones. Entre las principales: elaborar un II Plan de Infancia y Adolescencia de Aragón (el anterior abarcó el periodo 2010 a 2014), actualizar la Ley de Infancia y Adolescencia de 2001, reforzar el personal de los centros residenciales, garantizar la equidad pediátrica en todo el territorio, cumplir el Plan de Salud Mental en su vertiente infanto-juvenil, asegurar el transporte escolar en el medio rural y promover vivienda social para familias con hijos en situación vulnerable.
También destaca la actividad institucional del año: la comparecencia inaugural en la comisión de las Cortes de Aragón que estudia cómo proteger a la infancia frente al impacto de la tecnología, y la organización en octubre de 2025 de las XXXVIII Jornadas de Coordinación de las Defensorías del Pueblo bajo el título «Vulnerabilidad en las aulas».
El informe completo puede consultarse en la web del Justicia de Aragón.
